Tras desprogramar el PAI Cànyoles, ahora llega el turno del PAI «Papelera San Jorge» y del PRI «Las Murallas». Además en el pleno se presentará una moción contra el acuerdo UE-Turquía.
Estos dos proyectos se desarrollaron en la época de la burbuja inmobiliaria pero ninguno de los dos llegó a ejecutarse. En este sentido, el Ayuntamiento inició en 2014 el proceso para declarar caducados estos proyectos. En el pleno de hoy se resolverán de forma definitiva estos PAIs y, además, se acordará iniciar el expediente para derogar el programa de forma que los terrenos vuelven a su calificación anterior. La voluntad del nuevo equipo de gobierno es seguir trabajando en esta línea y revertir la situación de todos los PAIs en esta situación de abandono para recuperar una gestión sostenible del urbanismo.
El PAI Papelera Sant Jordi no estuvo exento de polémica. El gobierno de Rus proyectó la construcción de 200 viviendas adosadas, permitiendo al agente urbanizador transformar suelo industrial en suelo urbano de baja intensidad. El anterior equipo de gobierno adjudicó a la sociedad Accord Business, propiedad de un ex candidato del PP, el desarrollo de un PAI que acabó con una hipoteca de 10 millones de euros sobre los terrenos, concedida por Caixa Catalunya, entidad que finalmente fue a la quiebra. Rus anunció un museo del papel en las antiguas instalaciones de la Papelera San Jorge que sirvió como excusa para recalificar 90.000 metros cuadrados de suelo industrial, multiplicando así el valor del terreno. Una vez obtenida la hipoteca, no se desarrolló el proyecto y los terrenos fueron finalmente embargados.
Moción contra el acuerdo UE-Turquía
Por otra parte, el plenario debatirá una moción conjunta de los grupos del equipo de gobierno en la que se someterá a votación el rechazo del Ayuntamiento de Xàtiva al «preacuerdo» al que han llegado la Unión Europea y Turquía para la deportación a este país de todos los emigrantes que llegan a Europa a través del estado turco. La moción se expresa en duros términos contra el principio de acuerdo, al calificarlo como «inmoral y de dudosa legalidad» y al declarar que «contraviene claramente el derecho al asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos».
