El Partido Popular de Xàtiva ha advertido que la propuesta del gobierno de Roger Cerdà de ubicar la futura sede judicial en Santa Clara no responde a criterios técnicos, funcionales ni legales derivados del nuevo modelo de Justicia impulsado por el Gobierno de España, y supone una decisión política que va en contra de los estándares exigibles a una infraestructura judicial moderna.
Desde el Partido Popular recuerdan que la reforma impulsada por el ministro Félix Bolaños, a través de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, establece un cambio estructural del sistema judicial que obliga a diseñar sedes más grandes, funcionales, accesibles, digitalizadas y con capacidad de crecimiento.
En este sentido, los populares señalan que los criterios técnicos derivados de esta normativa son claros y medibles, y que Santa Clara no garantiza su cumplimiento.
En primer lugar, la nueva ley sustituye los juzgados individuales por Tribunales de Instancia, lo que implica una organización basada en la agrupación de jueces, servicios comunes y espacios compartidos. Este modelo exige edificios flexibles y adaptables, mientras que Santa Clara presenta limitaciones estructurales propias de un inmueble histórico que dificultan su reorganización interna y su evolución futura.
En segundo lugar, la normativa exige una accesibilidad real al ciudadano. Esto implica accesos directos, claros y funcionales, con atención al público ubicada en planta baja y con espacios diseñados para facilitar la orientación. El modelo técnico del Ministerio establece que el vestíbulo debe integrar información, control de accesos y salas de espera. Sin embargo, Santa Clara presenta condicionantes físicos y recorridos complejos que dificultan cumplir estos requisitos de manera eficiente.
En tercer lugar, uno de los elementos más importantes del nuevo modelo es la separación de circuitos por razones de seguridad. Las sedes judiciales deben garantizar recorridos independientes para ciudadanos, profesionales, detenidos y víctimas. La normativa obliga además a evitar el contacto entre víctima y acusado. Este requisito es especialmente difícil de cumplir en edificios preexistentes como Santa Clara, donde la distribución no permite una segregación natural de flujos sin soluciones forzadas.
En cuarto lugar, la nueva Justicia se basa en la digitalización total. Esto implica la implantación del expediente judicial electrónico, salas de vistas preparadas para videoconferencias y una infraestructura tecnológica avanzada. Las sedes deben disponer de espacios específicos para telecomunicaciones y reducir el archivo físico. La adaptación de estas necesidades en un edificio histórico incrementa los costes y limita la eficiencia.
En quinto lugar, el modelo técnico establece una distribución clara y funcional de los espacios, con salas de vistas agrupadas, Registro Civil en zonas accesibles, áreas diferenciadas para jueces, fiscalía y funcionarios, así como dependencias específicas para seguridad y videoconferencia. Santa Clara obliga a encajar estos usos dentro de una estructura no diseñada para ello, lo que reduce la funcionalidad del conjunto.
En sexto lugar, la seguridad integral es un requisito obligatorio. Las nuevas sedes deben contar con control de accesos, sistemas de videovigilancia, circuitos seguros y zonas específicas para detenidos. La implantación de estos sistemas en un edificio protegido resulta más compleja y menos eficiente.
Por último, la nueva organización judicial exige capacidad de crecimiento. El modelo de Tribunales de Instancia está diseñado para evolucionar, con posibles ampliaciones y reorganización de servicios. Santa Clara nace ya limitada, sin margen real de expansión.
Desde el Partido Popular de Xàtiva lo resumen de forma clara: la ley exige sedes funcionales, accesibles, seguras, digitales y ampliables, y Santa Clara no cumple esos requisitos. Se trata de un edificio condicionado por su pasado y no preparado para las necesidades de la Justicia del futuro.
En este sentido, denuncian que el proyecto responde a una lógica política y estética, pero no técnica. La sede judicial no puede plantearse como una operación urbanística, sino como una infraestructura esencial al servicio de los ciudadanos.
El Partido Popular concluye que el debate no es si Santa Clara es un edificio atractivo desde el punto de vista patrimonial, sino si es adecuado para albergar una sede judicial moderna. Y, desde un punto de vista técnico, la respuesta es negativa.
