Todos ellos han sido llamados a declarar el próximo 7 de octubre en relación a la causa abierta por malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ha acordado el sobreseimiento de la causa respecto de dos exsindicalistas, padre e hijo, que estaban imputados por malversación y fraude en la contratación en esta misma pieza, la B.
Las declaraciones de ambos, la documentación aportada y la declaración del exgerente de la empresa Marcos Benavent, también investigado, permiten concluir, según el instructor, que no existen indicios de una «conducta malversadora».

A su juicio, no existió una conducta «concertada y connivente con la dirección de Imelsa para enriquecerse personalmente» a raíz del despido del padre, Honorio Estornell, exalcalde de Llutxent, con cargo a los recursos públicos de la empresa dependiente de Diputación.
El juez no aprecia indicios «relevantes» de delito, «más allá de que Honorio Estornell exigiese, y le fuese aceptado, un incremento no sustancial de la indemnización que le correspondía por despido improcedente a fin de no oponerse y judicializar su despido, sobre la base del cargo de delegado sindical que ostentaba en la empresa».

Esto, señala el instructor en el auto notificado hoy a las partes, «debe enmarcarse en el desenvolvimiento, lícito, de las facultades negociadoras en el ámbito del despido laboral».
En su resolución, el magistrado admite que el sindicalista despedido pudo, incluso, exigir la contratación de determinadas personas a cambio de dar la conformidad a su salida de la empresa.

El juez concluye que «la supuesta aceptación por la empresa de ciertas contrataciones a indicación del trabajador despedido» no es una conducta malversadora sino un «caso más de contratación discrecional» que queda fuera del objeto de investigación de esta pieza separada.

La pieza separada B está abierta por los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental y constan una veintena de imputados, entre ellos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
En la causa está también imputado a José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa.

Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Por otra parte, el juez también ha acordado hoy el archivo de las actuaciones respecto a tres de los imputados en la pieza separada por la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputación de Valencia (D).

Se trata del ex director jurídico de Imelsa Enrique Grau; del ex director financiero José Enrique Montblanch, y Manuel López Montoliu, jefe de unidad de procesos masivos tributarios.

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