– La directora general de Diversidad Funcional ha destacado que esta nuevo fórmula «permitirá agilizar el trabajo» en los centros de valoración

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha activado el procedimiento de tramitación electrónica para solicitar el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, así como su revisión, según ha informado la directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert.

La tramitación electrónica supone «un avance en el proceso de modernización de la Administración autonómica», ha destacado Albert, quien ha resaltado que este nuevo mecanismo mejorará el servicio a la ciudadanía, a la vez que «permitirá agilizar el trabajo de los distintos centros de valoración» que existen en la Comunitat Valenciana.

Las personas que deseen tramitar su solicitud vía digital deberán disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad o bien con el certificado reconocido para ciudadanos, pudiendo utilizar cualquier sistema de firma electrónica admitido por la sede electrónica de la Generalitat.

La solicitud deberá ir acompañada, entre otra documentación, de aquella que acredite la discapacidad alegada (física, mental, intelectual o sensorial), entre la que deberán figurar informes clínicos actualizados, y en aquellos casos en que sea necesario, el informe psicopedagógico oficial emitido por el especialista en orientación educativa.

Por otra parte, para la valoración de los factores sociales la persona interesada puede presentar un informe social o bien una declaración responsable de factores sociales complementarios.

La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental ha explicado que para facilitar la tramitación de estas solicitudes la ciudadanía puede acceder al siguiente enlace: consultar aquí, donde se reúne toda la información que relativa al certificado y desde donde también se puede acceder directamente al mismo.

Beneficios del grado

Las personas que tienen un grado de discapacidad reconocido pueden acceder a determinados beneficios, como puede ser el acceso a subvenciones o ayudas de carácter individual para tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo accesibilidad y adaptaciones en el hogar, entre otras.

Asimismo, pueden solicitar el cobro de una pensión no contributiva o de prestaciones económicas y sociales, como son la asistencia sanitaria y prestación farmaceútica y el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transportes; y en aquellos casos en que proceda también pueden demandar recursos y apoyos educativos.

Las mejoras fiscales son otros de los beneficios que comporta el grado de discapacidad, que también puede incluir prestaciones familiares, como es el cobro de una asignación económica por hijo, hija o persona menor de edad acogida a cargo, que puede mantenerse una vez superados los 18 años si la discapacidad reconocida es igual o superior al 65%.

Prórroga por la COVID

Albert ha recordado que, el pasado mes de marzo, ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidió prorrogar un año la vigencia de las resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad que se encontrasen sometidos a revisión durante el año 2020.

Así, con la finalidad de que estas personas no pierdan el acceso a los beneficios a los que les da derecho el reconocimiento, se establece prorrogar de forma automática hasta el día 14 de marzo de 2021, la vigencia del grado de discapacidad reconocido y las tarjetas de discapacidad cuyas resoluciones y certificados de reconocimiento se encontrasen sometidos a una temporalidad que se hubiera sobrepasado o a una vigencia temporal con fecha de finalización anterior al 31 de diciembre de 2020.

La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental ha señalado que esta medida beneficia a 4.834 personas con diversidad funcional de toda la Comunitat Valenciana, de las que 2.414 son de la provincia de Valencia, 1.771 de Alicante y 649 de la provincia de Castellón.

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El departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha la tercera fase del Programa de Políticas Inclusivas. Esta iniciativa se traduce en la contratación de seis personas con discapacidad funcional que trabajarán en distintos servicios municipales durante un período de un año, como la brigada de servicios públicos o ejecutando tareas contempladas dentro del Plan de Sostenibilidad de Infraestructuras. La dotación presupuestaria destinada a tal efecto supone la inversión de 55.051’30 euros.

El objetivo de la medida es, tal como explica la concejala Xelo Angulo, «que la integración en el mundo laboral de estas personas contribuya al bienestar social integral de la unidad familiar. Es una oportunidad para mejorar su vida. El hecho de estar trabajando, más allá de suponer una mejora de la la situación económica, conlleva una serie de beneficios adicionales y muy a tener en cuenta, ya que mejoran el estado vital y la integración social, por ejemplo, con un aumento de la autoestima o con la asunción de unas rutinas horarias pautadas y regulares. Se trata, en definitiva, de atenuar el impacto del desempleo en la unidad familiar «, asegura la concejala responsable del área de Bienestar Social.

El Programa de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Xàtiva (PI) se inició en marzo de 2016. Durante el durante el pasado año se procedió a realizar dos periodos de contrataciones que comenzaron en marzo y en octubre de 2016. Cada una de estas fases supuso la contratación de 15 personas por un período de 6 meses. Finalizado el periodo de contratación, Servicios Sociales emitió un informe de satisfacción sobre el desarrollo de la experiencia de todos los beneficiarios del programa. Hasta el momento, el PI ha dado trabajo a 30 usuarios de servicios sociales, a los que se suman ahora 6 personas más con discapacidad funcional.

El eje principal de esta tercera fase del PI radica en profundizar y abordar la inclusión desde la propia concepción del trabajo como elemento estructurante de la vida, de la integración y del conjunto de relaciones sociales. Ahora, se ha optado por este tipo de beneficiarios «para dar cabida a un nuevo sector de población con riesgo de exclusión: las personas con discapacidad funcional», según reza en los informes de Bienestar Social.

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