El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Xàtiva aprobó la declaración del gasto plurianual para hacer frente a la sentencia 882/2017 que condena al Ayuntamiento a pagar 379.600 euros a la sociedad Agrícola Xàtiva, S.L. -propiedad de Luis Mollà, ex-socio de Alfonso Rus-, en concepto de devolución del importe pagado por esta mercantil, más los intereses legales, tras la adjudicación de una parcela de suelo industrial el polígono Meses. Agrícola Xàtiva, S.L. reclamó que la parcela tenía uso comercial, aunque nunca se haya producido un cambio de planeamiento urbanístico.

Se trata de una parcela que fue adjudicada el año 2006 a esta empresa, cuando el Ayuntamiento de Xàtiva licitó la subasta de dos parcelas de suelo industrial en el polígono Meses. Una de estas parcelas fue adjudicada a Fernando Segura Cairols y la sociedad Agrícola Xàtiva, S.L., por un importe de 278.938 euros. En la subasta sólo se presentaron dos ofertas y cada uno de los oferentes obtuvo una parcela. Poco después, la parcela en cuestión quedó en propiedad de Agrícola Xàtiva, S.L., al renunciar el otro adjudicatario.

El portavoz socialista y concejal de Hacienda, Ignacio Reig, hizo una dura intervención en el plenario para manifestar su disconformidad. Reig expuso que «el empresario amigo vio frustrado el proyecto de instalar una gasolinera en un punto excelente. Diez años después, el socio del anterior alcalde, y gracias a un certificado emitido por este mismo Ayuntamiento, consigue acreditar que ha sido engañado por el ayuntamiento y reclama que le devuelvan el dinero, las costas y los intereses, en un proceso que extrañamente se conduce por la vía civil y no por la administrativa».

Agotadas las vías de recurso a la Justicia, el concejal justifica la declaración de gasto plurianual para asumir un nuevo desastre heredado del gobierno popular de la ciudad. Reig afirma que «ahora vamos a cumplir la sentencia y pagaremos, pero pagaremos cuando se pueda y, por supuesto, no vamos a dejar de hacer inversiones a costa de pagar a quienes durante años han estado aprovechándose de su vinculación con el anterior alcalde . Espero que le aproveche el dinero y que esta manera de gestionar no vuelva nunca más a la ciudad”.

La declaración de gasto plurianual fue aprobada con los votos a favor de PSPV-PSOE, EU, Compromís y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta acusación forma parte de la pieza separada C (hay un total de seis por el momento), que junto a la pieza principal permanecía en secreto hasta ayer.
El Juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM, la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

El instructor considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, que a su vez había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una «operación simulada».
Según recoge el auto, «existen indicios racionales de que la primera operación», la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM «también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo».

Los fondos blanqueados están relacionados, a juicio de los investigadores, con la supuesta actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como alcalde de Xàtiva.
La pieza C se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso Imelsa.

En ella están investigados (antes imputados) por un presunto delito de blanqueo de capitales el propio Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.

En el marco del caso Imelsa se investiga a más de cien personas (físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública que supuestamente se sirvieron de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en la Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, y está estructurada, de momento, en una pieza principal y cinco piezas separadas.

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De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación “pudo ser decidida” por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa. En ese proceso, señala el auto, actuó como “intermediario connivente” el suegro del entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent. En esa nueva pieza están investigados Rus, Benavent y otras diez personas.

El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. A ocho de ellos se les tomará declaración los días 12 y 16 de septiembre. Rus comparecerá ante el juez este último día.

Fuente. Noticias de Xativa y su comarca. El blog de un locutor local

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