El juzgado nª 1 de primera instancia de Xàtiva ha condenado al Ayuntamiento a abonar 412.000 euros a la sociedad Agrícola Xàtiva, S.L., en concepto de devolución del importe pagado por esta mercantil, más los intereses legales, tras la adjudicación de una parcela de suelo industrial en el polígono Meses. Se trata de una parcela que fue adjudicada en el año 2006 a dicha empresa, propiedad del socio de Alfonso Rus, Luis Mollá. A esta cantidad, habría que sumar las costas del proceso más los impuestos devengados en estos diez años. Al final, la cantidad podría superar el medio millón de euros.
Nos remontamos al año 2006, cuando el Ayuntamiento de Xàtiva licitó la subasta de dos parcelas de suelo industrial en el polígono Meses. Una de estas parcelas fue adjudicada a Fernando Segura Cairols y la otra ala sociedad Agrícola Xàtiva, S.L., por un importe de 278.938 euros. A la subasta sólo se presentaron dos ofertas y cada uno de los ofertantes obtuvo una parcela. Poco después, la parcela en cuestión quedó en propiedad de Agrícola Xàtiva, S.L., al renunciar el otro adjudicatario.
Ahora, diez años después de aquella adjudicación, la empresa de Luis Mollá ha ganado el pleito interpuesto contra el Ayuntamiento, por el incumplimiento de las condiciones que figuraban en el contrato. Según la mercantil, la calificación de la parcela debía ser de uso industrial y sin embargo era de uso comercial, a pesar de que nunca se haya producido un cambio de planeamiento urbanístico. El juzgado ha dado la razón a la empresa y estima íntegramente su demanda, por lo que condena al Ayuntamiento ha devolver el importe recibido en pago por la parcela y los intereses correspondientes desde el 17 de febrero de 2006. Asimismo, los terrenos volverán a ser de propiedad municipal.
El importe total, sumando los intereses y el IVA de la operación, alcanza los 412.000 euros, que el Ayuntamiento deberá pagar al socio de Rus. A pesar de este varapalo, el Ayuntamiento anuncia que recurrirá la sentencia.
El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, se muestra desolado por esta nueva sentencia condenatoria, que se suma al alud de pufos procedentes de la legislatura anterior. Reig manifiesta que «es absolutamente imposible asumir este nuevo desembolso. Ni siquiera estaba contemplado en la auditoria. Ha sido una desagradable sorpresa para finalizar un año durísimo en materia económica. Sin lugar a dudas, vamos a recurrir la sentencia, ya que es manifiestamente irregular que un alcalde firme convenios a favor de sus propios socios empresariales. Los acuerdos tomados son lesivos para la Hacienda municipal y no vamos a tolerar que nadie se aproveche de los recursos públicos, por muy amigo del alcalde que sea. Es la gota que colma el vaso», concluye el regidor.
